Edgar Adhemar Bacchiani, el empresario que está acusado de realizar una de las mayores estafas en el NOA, está cada vez más cerca de recuperar la libertad. La Cámara Federal de Apelaciones ordenó que sea liberado por haberse vencido todos los plazos de la prisión preventiva que le dictaron hace más de tres años sin que haya sido juzgado. Sin embargo, no podrá abandonar el calabozo en el que se encuentra alojado porque debe terminar de cumplir una condena que le dictaron en Córdoba por el mismo delito.

El autodenomidado “Trader God” (Dios de las Transacciones) creó la empresa Adhemar Capital para hacer operaciones con la compra y venta de criptomonedas. Captaba capitales en dólares y pesos a cambio de comisiones de entre el 7% y el 20% mensuales durante seis meses. Por ejemplo, si una persona entregaba U$S10.000 con una tasa del 15%, al finalizar el contrato, terminaba recibiendo U$S19.000, es decir, casi duplicaba la inversión.

Bacchiani instaló su base central en Catamarca, pero después abrió sucursales en Tucumán y en Córdoba donde su propuesta fue un éxito. También captó inversionistas de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja, Buenos Aires y Mendoza, entre otras provincias.

En febrero de 2022 empezó con los problemas financieros y comenzó a incumplir con los pagos pactados. En abril fue detenido por orden de la Justicia Federal y por la justicia ordinaria de Córdoba. El juez federal Miguel Ángel Contreras, que decidió acumular las denuncias que se presentaron en su contra en todo el país, lo acusó junto a otras personas de realizar intermediación financiera sin autorización, defraudación, lavado de activos y asociación ilícita.

La fiscala cordobesa Valeria Rissi, por cuestiones de competencia, protagonizó una dura batalla legal para poder investigar al CEO. Desoyendo la medida del juez Contreras, pidió que se lo enjuiciara por haber cometido 50 estafas en esa provincia por un total de $378 millones y U$S1,2 millones. En marzo pasado, un tribunal lo condenó a nueve años de prisión, pero su defensor apeló el fallo y es probable que en los próximos días le reduzcan la pena a siete años.

Alivio

Encerrado en la cárcel, Bacchiani buscó la manera de aliviar su situación procesal. Por ello decidió pedir la quiebra. La Justicia de Catamarca realizó dos procesos para ordenar las cuentas. El primero fue para atender las deudas de la empresa y el segundo, para conocer los acreedores del “Trader God”. Ambos trámites fueron polémicos porque se realizaron con escaso personal y fueron extremadamente lentos, lo que generó una importante disminución de los valores de las deudas.

En la primera quiebra se presentaron 268 acreedores que reclamaron el pago de $2.890 millones, pero sólo reconocieron $1.293 millones, es decir, menos de la mitad.

Afuera quedaron inversiones por $553 millones y U$S1,9 millones. En su dictamen, la jueza María Virginia Cano, además de confirmar el proceso, anunció que las personas que demandaban el pago de las deudas a Bacchiani tenían plazo hasta marzo de 2023 para reclamar sus fondos.

Tuvieron que pasar 19 meses para que la magistrada firmara el 29 de septiembre de 2024 el segundo proceso. En esta quiebra, se presentaron 876 personas reclamando fondos por $12.162 millones, pero terminaron aceptándose $ 11.108 millones. Quedaron afuera 13 reclamantes que pedían la devolución de $552 millones y U$S1,9 millones.

En total, según las estimaciones, Bacchiani debería haber iniciado un plan de pago por un total de más de casi $14.000 millones. Los funcionarios daban por descontado que podría afrontar esa deuda, ya que se sabe que tenía al menos U$S250 millones en criptomonedas.

Entre los acreedores, LA GACETA pudo establecer que hubo una veintena de tucumanos que reclamaron más de $286 millones, pero fueron rechazados los planteos de dos inversionistas que solicitaron cobrar unos $173 millones.

En lo que se refiere a dólares, los comprovincianos exigieron el reintegro de unos U$S184.000, de los cuales sólo se reconocieron U$S139.000. A los inversionistas que aportaron la moneda norteamericana les terminarán devolviendo unos $40 millones.

El proceso

Carlos Ezequiel Walther, defensor de Bacchiani en Catamarca, apeló el pedido de ampliación de seis meses de la prisión preventiva en contra de su asistido solicitada por el juez Contreras. Adujo que la resolución no había sido bien fundamentada y que el proceso no tuvo ningún avance de importancia. El magistrado, no fijó postura al planteo realizado por el representante legal del creador de Adhemar Capital, por lo que la Cámara de Apelaciones terminó disponiendo que se lo libere.

Sin embargo, al cumplir con la condena de la causa cordobesa, por el momento no podrá hacerlo. Pero tampoco falta mucho que lo haga, ya que si le reducen la pena a siete años, por el tiempo que lleva detenido, comenzará a gozar de ciertos beneficios y hasta acceder a sistemas de semilibertad.

El caso a través de los años

Febrero de 2020.- Antes de la pandemia de 2020, Edgard Adhemar Bacchiani comenzó a incursionar en el mundo de las criptomonedas.

Abril de 2021.- Adhemar Capital comenzó a operar oficialmente en Catamarca y luego se extendió a Córdoba, Tucumán y La Rioja. Esas sucursales recibían las inversiones de personas de otras provincias.

Enero de 2022.- El Banco Central de la República Argentina, pidió que se investigue la firma al sospechar que realizaba estafas piramidales.

Febrero de 2022.- La empresa comenzó a dejar de pagar sus obligaciones a finales de ese mes.

Marzo de 2022.- Bacchiani decidió cerrar las puertas de los locales de la firma. El CEO y sus empleados comienzan a ser investigados por la Justicia. A los pocos días, son detenidos y procesados.

Julio de 2022.- El financista fue procesado por los delitos de realizar intermediación financiera sin autorización, defraudación, lavado de activos y asociación ilícita. Paralelamente en Córdoba fue comenzado a investigar por estafas.

Junio de 2023.- Bacchiani pidió la quiebra personal y de la empresa que creó. Buscó la manera de frenar las demandas realizadas por sus acreedores. La justicia catamarqueña hizo lugar al planteo y llamó a concurso de acreedores.

Agosto de 2023- Los funcionarios judiciales cordobeses pidiero que sea enjuiciado por estafas.

Agosto y octubre de 2024.-  Una jueza constató que el ejecutivo debía afrontar una deuda de más de $14.000 millones, menos del 50% del total que le habían reclamado. Tendría en sus cuentas unos U$S250 millones en criptomonedas.

Marzo de 2025.- Fue condenado a nueve años de prisión por la justicia cordobesa. La pena podría ser reducida a siete, tal como lo pidió su defensor en la provincia mediterránea.

Septiembre de 2025.- El lunes, la Cámara Federal de Apelaciones ordenó su libertad por la causa que investiga la Justicia Federal. Deberá seguir cumpliendo con la condena impuesta por un tribunal cordobés.